El parlamentario y constitucionalista Javier Valle Riestra indicó que la Convención es una declaración con metas y propósitos justos. Se mostró a favor de “…la tesis de la soberanía de la inteligencia por sobre la soberanía popular”, al mismo tiempo de señalar lo retrógrado que resulta en estos tiempos recortar y desconocer los derechos derivados de la orientación sexual, indicando que debatir esto “…es como discutir la ley de la gravedad o la redondez de la Tierra”.

Destacó el hecho que los artículos materia de controversia (5º, 14º e inciso 1 del art. 20º) no contienen “ni en línea ni en entrelínea” la posibilidad de los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Por ello se mostró a favor de la aprobación sin reservas de este instrumento supranacional de derechos humanos que tutela los derechos de la juventud.

Por su parte el congresista Víctor Mayorga aseveró que la legislación nacional es la que debe adecuarse al Derecho Internacional y no al revés. Manifestó que este tipo de planeamientos producen retrasos en nuestro país respecto de la orientación jurídica internacional.

Las congresistas Luciana León y Rosario Sasieta también se manifestaron  a favor de la aprobación sin reservas de la Convención, haciendo explícita una vez más su compromiso con la igualdad y la justicia, y su solidaridad con algunas de las demandas y reivindicaciones del movimiento lésbico, trans, gay y bisexual (LTGB).

El dictamen en cuestión es tendencioso pues hace referencia a una “natural sexualidad”, que coloca a la heterosexualidad como la forma natural y unívoca de vivir la sexualidad y a la homosexualidad como la expresión antinatural y abyecta, excluyendo así a esa última de la posibilidad del goce de derechos.

Es necesario revelar que los fundamentos del dictamen no se centran en el principio de no-discriminación sino a un supuesto escenario donde, a partir de explicitación de la igualdad de derechos entre los peruanos, se pueda invocar al reconocimiento de las uniones de parejas del mismo sexo.

Esta situación preocupa aún más porque durante la campaña electoral el Presidente Alan García Pérez y la propia Comisión Política del Partido Aprista Peruano (PAP), reconocieron la necesidad de promover una Ley de no-discriminación por orientación sexual. Este compromiso fue ratificado nuevamente por la ex-Presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, durante la segunda vuelta electoral en el local de campaña del PAP.